SFP inhabilita a farmacéuticas por prácticas monopólicas

La Secretaría de la Función Pública (SFP) comunicó a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a empresas productivas del Estado, así como a entidades federativas, municipios y alcaldías, a abstenerse a realizar contratos y propuestas con empresas farmacéuticas por prácticas monopólicas.

Mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF), se comunicó que Valtrum, S.A. DE C.V.; Impromed, S.A. DE C.V.; Centrum Promotora Internacional, S.A. DE C.V., Med Prime, S.A. DE C.V e Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. DE C.V, tuvieron como sanción administrativa una inhabilitación por siete años, en los que no podrá participar de manera directa o indirecta en procedimientos de contratación, ni celebrar contratos con cualquier institución pública contratante; esto mediante la fracción VII del artículo 3 de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.

Estas empresas forman parte de la investigación iniciada, en 2016, por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) debido a contratos millonarios obtenidos a través de licitaciones del Sistema Nacional de Salud.

El resultado de la averiguación, arrojó que el cártel acordaba el repartirse territorios, fijar precios en una licitación para obtener 37 contratos y 469 millones de análisis clínicos, esto con el fin de obtener beneficios económicos a costa del mercado.

En agosto de 2020, la Cofece había determinado que 11 empresas y 14 personas se habían repartido contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE, en 2008, 2010, 2011 y 2015.

A causa de esto, impuso multas por 626,457 pesos a dichas entidades y particulares por contribuir a una “práctica monopólica absoluta, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica, al ser arreglos e intercambios de información entre agentes económicos competidores entre sí, con el objeto y/o efecto de coordinar posturas en licitaciones públicas”.

Pero, en dicha sanción, la Cofece indicó que no tenía la facultad legal de limitar o inhabilitar la participación de ninguna empresa en ningún proceso de contratación pública, pero que notificaría el asunto a la SFP para los efectos legales que resulten procedentes.

Después de dos años de esta resolución, la SFP determinó la inhabilitación de las cuatro empresas.